Lorenzo Peña y Gonzalo

Mi foto
Tres Cantos, Spain
Tras una turbulenta y amarga juventud consagrada a la clandestina lucha revolucionaria, mi carrera académica me ha conducido a obtener las 2 licenciaturas de Filosofía y Derecho y asimismo los 2 Doctorados respectivos (en Filosofía, Universidad de Lieja, 1979; en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 2015). Soy también diplomado en Estudios Americanos; en cambio, si bien inicié (con éxito) la licenciatura en lingüística, no la culminé. Creador de la lógica gradualista, tras haberme dedicado a la metafísica y la filosofía del lenguaje, vengo consagrando los últimos 4 lustros a desarrollar una nueva lógica nomológica y aplicarla al Derecho: la lógica de las situaciones jurídicas, basada en la metafísica ontofántica que elaboré en los años 70 y 80. He sido profesor de las Universidades de Quito y León, Investigador visitante en Canberra e investigador científico del CSIC, habiendo sufrido la jubilación forzosa por edad en 2014 cuando había alcanzado el nivel máximo: Profesor de Investigación. Soy miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

miércoles, noviembre 01, 2017

JACTA ALEA EST? CONSIDERACIONES SOBRE LA SECESION CATALANA

Jacta alea est?
Consideraciones sobre la (por ahora) abortada secesión catalana

por Lorenzo Peña y Gonzalo
2017-11-01


Un viejo amigo y compañero de aventuras me envía la siguiente misiva:


¡ALEA JACTA EST! Hasta la victoria final siempre. ¡¡¡Viva la República Catalana!!! Ahora a por ellos (PP, PSOE y C's) en todo el resto de España para lograr la República Confederal Democrática y Social de todas las naciones y pueblos de España. El camino será largo o larguísimo, pero ya se ha emprendido. Salud y República a todas y todos.



Según Suetonio, el 10 de enero del año 49 aEC el político romano Gayo Julio César --líder del partido popular y, a la sazón, procónsul de las Galias-- cruzó ilegalmente el Rubicón, iniciando la guerra civil, tras haber presuntamente pronunciado esa exclamación. (Como tantas otras, la atribución es, sin lugar a dudas, apócrifa.)

Julio César aduce serios motivos para tal ruptura de la legalidad. Según su alegato, en Roma se había consumado el quebrantamiento del orden constitucional, teniendo que refugiarse en su campamento militar un tribuno y un extribuno de la plebe (Curión y Marco Antonio) y habiéndose impuesto de facto una supremacía personal de Pompeyo, ilícitamente exonerado del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, a la vez que robustecido con poderes extraconstitucionales.

No me incumbe aquí ni darle ni quitarle la razón a César. En cualquier caso, esa ruptura de la legalidad constitucional sólo la justificó el gran general y escritor porque --según su versión de los hechos-- ya estaba hecha trizas por sus adversarios.

Los secesionistas catalanes consumaron ya su ruptura de la legalidad constitucional desde hace mucho, especialmente con su ley de desconexión y después con la de desacatamiento de la normativa constitucional y la convocatoria de un plebiscito ilegal, prohibido por el Tribunal Constitucional.

El acto final ha sido la declaración de una presunta república catalana independiente el viernes 27 de octubre de 2017. La mayoría de la cámara parlamentaria de la Generalidad catalana que (tirando la piedra y escondiendo la mano) se ha pronunciado por ese acto sedicioso ha sido del 51'9%.

Cuando el canciller del Reich Adolfo Hitler leyó su discurso ante el Reichstag el 22 de marzo de 1933, afirmó que en las recién celebradas elecciones la abrumadora mayoría de los alemanes se habían pronunciado a favor de él. ¿La abrumadora mayoría? Dejando de lado las condiciones de la votación y del escrutinio, la coalición del partido nazi y sus socios había obtenido el 51'9% de los sufragios. Hay cifras curiosas en la historia.

¿Viene motivada la rebelión del separatismo catalán por un previo quebrantamiento del orden constitucional en España, por la persecución de los representantes del pueblo, por la imposición de leyes anticonstitucionales, por el establecimiento de facto de potestades contrarias a la Constitución y que hagan peligrar la vida y la integridad de los disidentes? De concurrir tales condiciones, podríamos pensar que sería lícita (siempre que además estuvieran presentes otros requisitos) una insurrección popular para derrocar al régimen inconstitucional (al grito --entonado por el afroporteño Gabino Ezeíza-- «¡Abajo la oligarquía! ¡Abajo el fraude verdugo! Que sometidos al yugo / tiránico nos tenía»).

Pero ¿es una tiranía el régimen borbónico que tenemos en España (con el cual yo anhelo acabar, restaurando la República de trabajadores de toda clase y la constitución del 9 de diciembre de 1931)? Las autoridades españolas ¿han implantado un poder anticonstitucional, han perpetrado una sistemática violación de las normas constitucionales? No lo creo ni nadie lo ha demostrado, ni siquiera aducido. Actúan, en lo esencial, en el marco de la vigente Constitución, la de 1978.

¿Es buena esa Constitución? Es, a mi juicio, deplorable. (V. mi reciente ensayo «No es la constitución la norma suprema»).

Pero, en primer lugar, cualesquiera que sean sus defectos de origen y de ejercicio (Dios sabe que los tiene en abundancia), está consagrada: (1º) por el consentimiento general de la población; y (2º) por el transcurso del tiempo (usucapión).

En segundo lugar --y sobre todo-- tal régimen constitucional ha instituido un sistema político que --en términos del Marx del 18 de Brumario de Luis Bonaparte-- podríamos caracterizar como bonapartista: un poder que se ubica en el conflicto de clases en posición de relativo equilibrio inestable, sin duda mucho más favorable a las clases altas, sin dejar de implementar una módica redistribución, demasiado generosamente denominada «estado del bienestar».

Desde luego como republicano que soy --y he sido toda mi vida, a partir del uso de razón--, deseo para mi Patria la República, no el bonapartismo. No cualquier república, sino la república unitaria de trabajadores de toda clase, la que instauró el pueblo español en 1931, en el ejercicio de su soberanía nacional.

¿Se quiere imaginar, en lugar de nuestra república, una ficticia, confederal, que una a «los pueblos y las naciones de España»? Tan imaginativa ensoñación suscita serias dificultades.

¿Cuáles son esos pueblos y esas naciones de España? ¿Qué determina que un grupo de habitantes de una parte de España constituya un pueblo o una nación? ¿Es lo mismo un pueblo que una nación?

¿Son pueblos y naciones de España la Sierra de Cazorla, el Bierzo, el Valle del Segura, la Vega de Pas, la Alcarria, el campo de Cartagena? ¿Galicia sí y Asturias no --a pesar del íntimo nexo galaico-astur? ¿Asturias sí y la Montaña no --a pesar del parentesco cántabro-astur? ¿Asturias sí y León no --a pesar de la unión histórica y cultura asturleonesa? ¿Tomaremos como «pueblos y naciones» las malhadadas «comunidades autónomas», esas creaturas artificiales de la transición y transacción borbónica de los años setenta, las 17 satrapías o taifas, muchas de ellas mero producto circunstancial de las conveniencias y los clientelismos?

Por otro lado el pueblo español ni quiere ni ha querido nunca un régimen federal, menos aún uno confederal, sencillamente porque le sienta como una camisa de fuerza en lugar de un traje de novio. Ninguna de nuestras asambleas nacionales constituyentes aprobó jamás un sistema federal (1810, 1837, 1869, 1873, 1931).

La única vez que se propuso fue en las cortes republicanas de 1873. Contrariamente a la equivocada leyenda, la I República española, proclamada el 11 de febrero de 1873, no fue federal. En esa fecha, a raíz de la abdicación de Amadeo de Saboya, se proclamó la República Española, punto. Es verdad que en la calurosa y larga jornada del 17 de julio del mismo año mi paisano Emilio Castelar redactó un proyecto de constitución federal que sometió a las cortes constituyentes (escasamente legítimas, al haber sido elegidas por una minoría del cuerpo electoral). Pero tal proyecto jamás se discutió ni, menos, se aprobó, ya que --a raíz del levantamiento cantonalista-- el propio Castelar se dio cuenta inmediatamente de lo funesto que era el régimen federal para España.

Sólo habrá república en 1931, cuando únicamente un exiguo puñado de recalcitrantes sigan aferrados a la rancia idea federal, cuya presencia en las Cortes republicanas no pasará de la anécdota, como la del partido mesocrático.

Hay que recordar que toda la tradición marxista estaba en contra del federalismo. Hoy tal tradición pertenece más al pasado que al presente; no tenemos que ajustar nuestras posiciones a lo que en tal tradición se haya favorecido o desfavorecido, pero conviene no olvidarlo para no caer en el mito de que el unitarismo es de derechas, olvidando también la tradición jacobina. («Hay en mis venas gotas de sangre jacobina».)

Anhelo la República. No confío en que triunfe por las urnas, ya que la actual Constitución ha bloqueado el sistema que tenemos de tal modo que resulta casi imposible un tránsito constitucional de monarquía a república. Pero raros son los cambios de constitución que han tenido lugar según los cauces constitucionales. Eso sí, únicamente será lícito buscar una salida extraconstitucional cuando concurran tres circunstancias:

  • (1ª) que, habiendo conducido a una crisis del funcionamiento de las instituciones constitucionales las propias fuerzas en el poder, tales instituciones se encuentren encalladas;
  • (2ª) que la gran masa de la población española haya comprendido y asumido la necesidad de una honda mutación de sistema constitucional;
  • (3ª) que a favor de ese cambio se consiga un amplio consenso que abarque fuerzas de signo diverso y aun opuesto, incluidas fuerzas de las que integran el actual bloque de poder.

(Sólo habrá república cuando haya una derecha republicana.)

Tal razón me lleva a discrepar del eslogan «¡A por ellos (PP, PSOE y Cs)!». Plantear la acción política en esos términos, amigo/enemigo, es propio de Carl Schmitt. No se me oculta que la tradición marxista hizo de la lucha de clases el eje de su concepción; mas, si fuera ésa la referencia, ¿en qué están clasistamente agrupados PP-PSOE-Cs, de un lado, y PdeCat-IRC-PNV y sus adláteres del otro? ¿En qué PdeCat y PNV son menos oligárquicos, atlantistas, occidentalistas, anticomunistas? Es muy instructiva la genealogía de esos grupos separatistas, oriundos del carlismo, pasando por el regionalismo católico- conservador y atravesando un largo período de adhesión al franquismo (no en todos, ciertamente, pero sí en muchos de ellos).

En lo tocante, concretamente, a la camarilla de Puigdemont, sus íntimos vínculos con la ultraderecha neonazi flamenca, con la guarida de bandoleros de Kosovo, con Israel sobre todo --más de lejos con la racista y otaniana Letonia-- hacen de ella la fuerza más reaccionaria de España.

Ese «¡A por ellos!» entiendo que también va dirigido contra la sociedad civil catalana. Contra Francisco Frutos, exsecretario general del Partido Comunista de España (un dirigente comunista histórico, un comunista de verdad, un gran líder que fue traicionado por la envidia, el confusionismo y la ambición). Contra José Borrell, uno de los pocos dirigentes socialistas de postura netamente progresista y cuyo balance ministerial es positivo. Contra intelectuales como Juan Francisco Martín Seco (quien ha alertado de que, frente al poder de las multinacionales y de los organismos supranacionales que ellas controlan, la fragmentación de los Estados sólo puede redundar en el debilitamiento de la única contrafuerza posible en defensa de los débiles, la única que mantenga mecanismos de redistribución y ponga coto a la tiranía de los mercados y de los paraísos fiscales).

Imaginemos, no obstante, que se consumara la secesión catalana. (En las elecciones los secesionistas juegan con ventaja por la misma razón que los conservadores en toda España: el sistema de representación provincial que hace el voto de un gerundense o el de un ilerdense equivaler al de varios barceloneses, igual que el de un soriano equivale al de varios madrileños.)

¿Qué pasaría con esa secesión? ¿Se habría dado un paso adelante hacia una presunta República Confederal Democrática y Social de todas las naciones y pueblos de España? ¡Lejos de eso!

En primer lugar, lo que se tendría en el nordeste de España sería un estado ultrarreaccionario, racista, antiinmigrante, en maridaje endogámico con Israel, íntimo de los kosovares, de los racistas flamencos, amiguísimo de los bálticos, un estado occidentalista jusqu'à la garde, que muy posiblemente no tardaría en aplicar políticas de limpieza étnica y de discriminación lingüística contra la lengua mayoritaria en su territorio (que, con diferencia, es el español). (De hecho tales medidas discriminatorias ya las aplican ilegalmente desde hace años o decenios --ante la pasividad y el consentimiento de las autoridades españolas, que hacen dejación de sus obligaciones constitucionales.)

La experiencia nos enseña de qué tenor son los estados confetti surgidos en el centro y el Este de Europa a consecuencia del dictado de los vencedores en 1919 y del desmembramiento --tras la victoria occidental en la guerra fría-- de la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia. ¿Han surgido estados social y políticamente progresistas? ¡No! Todos ellos son antros de lo más fétido y repugnante del reaccionarismo, del racismo, a menudo de la ultraderecha.

¿Qué pasaría en el resto de España? ¿Avanzaría la causa progresista? Me temo que sucedería todo lo contrario. Verosímilmente surgiría, por primera vez desde 1975, un partido de masas de nostalgia franco-falangista, a la vez que se produciría una derechización, no sólo del PP, sino de la sociedad española en general. La perspectiva republicana, ya distante, se alejaría mucho más y quedaría perdida para, como mínimo, cuatro o cinco generaciones, quizá más.

Al margen de eso, ¿qué probabilidades habría de que, una vez consumada la secesión catalana, las autoridades de esa nueva entidad separada se avinieran a unirse con los demás «pueblos y naciones de España» en una unidad, siquiera confederal?

¡Vamos a ver! ¿Aprendemos algo de la historia o nada en absoluto? ¿Cómo se han producido las uniones de estados separados en una unidad, unitaria, federal o confederal? En siglos pasados, por enlaces dinásticos y por guerras. En tiempos recientes tales uniones se pueden contar con los dedos de una mano y han solido ser efímeras. La unión de Egipto y Siria en la República Árabe Unida duró tres años (1958-61). La unión de los dos Yémenes está por ver si se mantendrá, en medio de la terrible guerra civil e internacional que martiriza a ese desgraciado país. Han tenido lugar las reunificaciones de Alemania y de Vietnam, pero en ambos casos un lado y otro se identificaban en cuanto a su autocaracterización nacional.

Lo que no conozco es caso alguno de una parte desgajada de un Estado que se haya reunificado después con ese Estado, ni siquiera sobre una base confederal. Es fácil quebrar; difícil unir. Rota la Unión del Hindostán, cuando Inglaterra desgajó de la misma a los Pakistanes oriental (hoy Bangla Desh) y occidental, no ha podido reunificarse ni seguramente se reunificará nunca en los siglos próximos.

Por otro lado, ¿es que los secesionistas catalanes han expresado voluntad alguna de llegar un día a una unión --confederal u otra-- con el resto de España? Absolutamente para nada. Todo lo contrario. Quieren romper, cortar, apartarse y no volver a compartir nada con seres a quienes consideran inferiores.

El secesionismo catalán es hoy el principal factor de retroceso social y político, de reforzamiento de lo más reaccionario que hay en España.

Por último, he de instar a que se lea bien la manifestación del Presidente del gobierno de la República española, Dr. Juan Negrín, en 1938.


El triunfo parlamentario logrado alivió poco la profunda desconfianza y severidad de juicio de Negrín hacia los líderes de los partidos autonomistas que estaban detrás de esas gestiones de paz por separado. Como le confesó a su confidente, Zugazagoitia, por aquellas mismas fechas: «No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra cosa supongan. No hay más que una nación: ¡España! No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista, y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo continúe siendo ministro de Defensa y dirigiendo la política del Gobierno, que es una política nacional. Nadie se interesa tanto como yo por las peculiaridades de su tierra nativa: amo entrañablemente todas las que se refieren a Canarias y no desprecio, sino que exalto, las que poseen otras regiones, pero por encima de todas esas peculiaridades, España. El que estorbe esa política nacional debe ser desplazado de su puesto. De otro modo, dejo el mío. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la de que se desprendiese de alemanes e italianos. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los de afuera y de los de adentro. Mi posición es absoluta y no consiente disminución. (Dr. Juan Negrín, citado por Zugazagoitia. Tomado de la biografía de Enrique Moradiellos.)



No sólo se queja de las intrigas de paz por separado de los secesionistas vascos y catalanes buscando la mediación del imperialismo británico. Se queja, más en general, del secesionismo y afirma que, ante una amenaza de secesión, prefiere pasarle el poder a Franco. Para el Dr. Negrín la unidad de la Patria está por encima de los regímenes políticos. Él sabe de sobra qué es el fascismo; él es el león de la resistencia antifascista. Pero no ignora que peor que el fascismo es una división de España. Como si hiciera eco a la frase de José Calvo Sotelo («¡Antes una España roja que una España rota!»), para el Dr Negrín antes una España sojuzgada que una España desmembrada.

Gracias a Dios hoy no se nos plantea tal alternativa. Podemos hacer lo posible para frustrar la amenaza secesionista sin caer ni en el fascismo ni en ningún régimen totalitario. Lo que tenemos no nos gusta y nos esforzaremos por caminar hacia la restauración republicana, trabajando en el marco de los cauces legales y constitucionales, que son los que quiere la mayoría del pueblo español.

El mal mayor sería la ruptura de la unidad de España, del legado de 80 generaciones.






martes, febrero 16, 2016

Nuevas consideraciones sobre el linux


por Lorenzo Peña y Gonzalo

2016-02-16


§0.-- Introducción

Es éste el cuarto de mis ensayos acerca del sistema operativo Linux. Los tres anteriores fueron: (1º) mi «Alegato a favor del Linux» de 1999 (seguido por un posfacio de 2001 titulado «Linux vs Windows-Milennium»); (2º) mi artículo «Distribuciones del Linux: El principio de libertad» de 2002; y (3º) mi breve texto de dos años después «Linux seguro y fácil». Desde entonces han transcurrido dos lustros sin que haya aportado nada nuevo.

He dejado pasar todo un decenio sin agregar nada a mis consideraciones linuxitas no sólo por haber estado ocupadísimo con muchas otras actividades intelectuales --varias de ellas impostergables e indeclinables--, sino también porque, en el fondo, nada sustancial tenía que añadir a lo ya argumentado en esos tres escritos y medio de 1999-2004. Nada que añadir y seguramente poco que retractar, matizar o rectificar.

Mi cohabitación con Linux va a cumplir ahora sus 18 años. Para que mis lectores se percaten de lo que significó adoptar el Linux en 1998 juzgo menester exponer los antecedentes de aquella conversión.


§1.-- Mi itinerario del DOS al Linux

Había adquirido mi primera computadora en enero de 1989 junto con un monitor monocromo y una impresora láser que costaba un ojo de la cara (las comunes entonces eran las de agujas); con ese equipo empecé a aprender un poquito de informática --partiendo de cero y de manera exclusivamente autodidáctica--.

Yo llegaba tarde, aunque esto pueda hoy sonar extraño ya que, en verdad, era entonces muy restringido el número de usuarios de la informática. Éralo, desde luego, en el conjunto de la población, al menos en España; mas en el medio académico que me circundaba ya casi todos habían abrazado la práctica de escribir con un ordenador, aunque sólo fuera para usar un programa de tratamiento de texto. En mi propia institución, el Instituto de Filosofía del CSIC, quedábamos --creo-- dos (o tres) que aún no habíamos dado ese paso; éramos personas de edad.

Me consagré con afán al estudio de la nueva técnica, esforzándome por dominar a fondo el sistema operativo entonces en uso (el DOS), el programa de tratamiento de texto entonces disponible (una versión muy primitiva del WordPerfect) así como otro de acervos de datos (el Data-Base, que me permitió catalogar mis libros y hacer archivos bibliográficos útiles para mi investigación). Para aprender todo eso, estudié con ahínco todos los manuales (algunos de ellos de cientos de páginas); los que venían en español eran incomprensibles sin retraducirlos mentalmente al inglés.

Al llegar el WordPerfect 5.0 y, ya en 1991, el WordPerfect 5.1, me hice un experto en su manejo, diseñando cientos de macros y puliendo los controladores de impresión para adaptarlos a mis necesidades (entre ellas, el uso de símbolos lógico-matemáticos y de grafía griega). Asimismo, siendo entonces algo insólito, comencé a usar no sólo una escrutadora (scanner), sino un programa de OCR, con lo cual inicié una larguísima tarea de pasar textos manuscritos o impresos a formato digital; muchos de esos textos eran propios, pero otros eran ajenos; los escruté, hice el reconocimiento gráfico de caracteres y, así formateados, los puse a libre disposición de mis lectores y usuarios en diversos portales que yo empecé a gestionar desde enero de 1995. (Tratábase de textos cuya distribución era legal.)

Paulatinamente aprendí a usar más eficientemente la computadora, manejando programas polifacéticos como el PC-Tools, uno de permutación de tareas --sumamente eficaz y conveniente--, el Back-and-Forth, así como decenas de pequeñas utilidades, que venían en unos CD-Roms de una serie que publicaba la firma Walnut-Creek, sita en California, a la cual me había suscrito; me llegaba uno cada mes desde Tejas. Apenas recuerdo aquellas utilidades, cuyos nombres verosímilmente no me dirían hoy nada; entre otras aplicaciones, las había de: administración de ficheros; compresión y descompresión; arranque para optar por una u otra partición de inicio; manejo de memoria extendida y expandida; editores binarios; captura de pantalla; programas de comunicaciones para utilizar un modem y, gracias a él, correo electrónico y ftp, con uso del protocolo kermit; filtros de con versión; programas auxiliares para compensar algunas insuficiencias del WordPerfect; etc.

Careciendo por completo de conocimientos técnicos en la materia, me convertí así, posiblemente, en uno de los usuarios avanzados del DOS.

El mundo informático era entonces el de la línea de mandos (o, con otras palabras, la consola, el terminal, el prompt). Había dos opciones: (1ª) estudiar un manual sobre el sistema operativo, aprendiendo un cúmulo de tales mandos para sacar rendimiento a la máquina; (2ª) no hacerlo, limitándose a escribir unas poquitas órdenes apuntadas en un papel facilitado por algún compañero, ese mínimo que permitía entrar el programa de tratamiento de texto, usándolo también de la manera más sucinta, siendo menester acudir al auxilio ajeno para casi todo lo que rebasara ese estrechísimo círculo de tareas básicas (aunque sólo fuera imprimir).

No mucho después de mis primeros pinitos en la informática inició su ascenso el entorno Windows de Microsoft; aunque ya existía antes, estaba muy poco difundido. Fue con la versión Windows 3.0, de mayo de 1990, como comenzó la boga de los entornos gráfico-ratoneros (también llamados los «GUIs», interfaces gráficas de usuario). Ya entonces estaban bien implantados en el mundo «Mac» de la firma Apple; pero, aunque, al parecer, los círculos de usuarios y adeptos del Mac eran amplios en varios países --como Francia-- y en algunos sectores empresariales de la ofimática y de la edición, estaban, en cambio, poco difundidos en los ámbitos académicos --al menos hasta donde yo puedo juzgar. No hay que olvidar, además, que todavía en muchos sectores profesionales no se usaban ni el IBM-PC ni el Mac, sino los terminales de redes centralizadas que trabajaban b ajo el sistema UNIX --incluso en algunas instituciones universitarias (en áreas de ciencias matemáticas y similares).

Si bien, en la segunda mitad de 1990, probé el Windows 3.0, lo rechacé de plano. En esos pocos meses ya me había habituado sobradamente a usar el DOS con eficiencia. Encontraba el Windows rígido, difícil de manejar, lento e innecesariamente ostentatorio; en suma, más ornamental que útil. Era rudimentaria la multitarea que proporcionaba; de todos modos, para mi propio ejercicio, me parecía escasamente necesaria --a diferencia de la conmutación de tareas, que resolví por otros medios.

Resultaba empero difícil resistirse del todo al acoso pro-Windows, que iría en aumento en años sucesivos; conque acabé aceptando que me facilitaran una copia (entiendo que legal) de los disquetes del Windows (no recuerdo de qué versión se trataba; probablemente del 3.1); aunque lo instalé de prueba, jamás supe ni quise usarlo. Más adelante, al comprar una nueva computadora, adquirí con ella el flamante Windows 95, cuyo CD de instalación aún guardo.

No obstante, en aquellos años, sintiendo fuerte aversión al Windows por un número de motivos (acertados o desacertados), fui de los pioneros en abrazar una alternativa multi-tarea que prometía ser más potente, eficaz y respetuosa de las opciones del usuario, dejándolo libre de trabajar en modo gráfico o en modo texto (que era lo mío): el efímero OS/2 de IBM, nacido bajo una mala estrella, pues nunca alcanzó popularidad, pese al poderío de la empresa que lo producía. No pasó de ser una especie de capricho de diletantes o gente rara (incluido quien esto escribe).

Empecé a interesarme por el OS/2 en junio de 1992, pero lo compré e instalé como mi sistema operativo en abril de 1994, logrando con él correr el propio DOS y asimismo una versión del Windows.

La existencia del UNIX y su derivado el Linux la conocí durante mi semestral estancia académica en la Universidad Nacional Australiana en Canberra, entre octubre de 1992 y mayo de 1993; o sea, tuve una vaga noticia del Linux desde su propio inicio. Mis colegas en Australia me convencieron de que el UNIX era superior y de que, por consiguiente, en cuanto estuviera accesible una versión del UNIX para PC, debía ser una opción deseable.

Pasarán tres años hasta que en agosto de 1996 intente reemplazar el OS/2 por el Linux (Slackware); fracasé. Repetí fallidos intentos de migración al Linux en febrero, abril, agosto y noviembre de 1997 y nuevamente en febrero de 1998.

Entre febrero y abril de 1998 estuve yendo y viniendo entre el Linux (Slackware) y el OS/2. Éste último, finalmente, pasó al desván en abril de 1998. Ya tenía instalado el Linux, estando, en principio, decidido a seguir usándolo (aunque todavía con titubeos, al echar de menos algunas aparentes ventajas del OS/2).

Mi decisión se afianzó por dos clases a las que asistí de un curso sobre el Linux en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones (TELECO) de la Universidad Politécnica de Madrid los días viernes 17 y lunes 20 de abril (si bien quienes impartían el curso eran detractores de slackware y amantes del Debian; yo ensayé el Debian pero me resultó frustrante, rígido, no moldeable a mi gusto como slackware; es más, el único intento que hice abortó tras casi 24 horas, quizá por incompatibilidad entre mis opciones de instalación, aunque dizque su gestor se encargaba de advertir y solventar tales incongruencias).


§2.-- Mi experiencia con Linux-Slackware

Aunque desde febrero/abril de 1998 mi sistema operativo es el Linux --y, concretamente, bajo la distribución slackware--, no oculto que las circunstancias me han constreñido a instalar en una partición (y hoy en un disco virtual) alguna de las sucesivas versiones del Windows (el 98, el Milennium, el XP), sencillamente porque era el único modo de usar la nueva escrutadora, el nuevo OCR, los soportes de otros dispositivos periféricos o un nuevo MS-Word (que sólo he manejado para conversiones).

Tales usos han sido excepcionales; yo siempre volvía al Linux, a mi Linux, en el cual me sentía a mis anchas, hacía lo que yo quería, como yo quería: mientras pudiera, en entorno y modo texto; y, cuando me viera forzado a ello, en el entorno gráfico, el X-Windows (o X-11).

No es que mi fidelidad a slackware haya sido ciega o incondicional, como la adhesión de un hincha (por su propia índole insusceptible de modificarse por razonamiento alguno). Sabía yo que estaba remando contra la corriente; que slackware ya no era una de las distribuciones de moda.

Por ello, de cuando en cuando, ensayaba alguna otra. Sufrí decepciones. Entre otros motivos está el hecho de que (salvo Debian, con el cual me había ido mal) en seguida las demás distribuciones abrazaron el entorno gráfico, que me parecía una jaula, no estando claro cómo se podía salir al entorno texto. Además, su presunta facilidad e intuitividad a mí se me tornaban oscuridad y desconcierto --tal vez porque la naturaleza me ha rehusado la capacidad de intuir, que, aparentemente, ha prodigado a otros; yo sé percibir, opinar y razonar, mas no intuir.

Otro de los motivos de mi rechazo (que hoy sigue aplicándose) es que apenas lograba leer algo en sus pantallas de instalación. Parecen diseñadas para individuos, seguramente menores de 20 años, dotados de una agudeza visual sobresaliente y, a la vez, de un ardiente deseo de perderla pronto: letra menudita y de fino trazo, de color celeste o amarillo sobre fondo blanco, o bien gris claro sobre gris oscuro (o viceversa): o sea, sin apenas contraste. (Es verdad que, si uno supera la barrera de la instalación, suele ser posible reconfigurar la pantalla, pero aun así corriendo el riesgo de que después algunos avisos cruciales resulten todavía más ilegibles.) Además, semejaban imitar al Windows, como si así los clientes de Microsoft fueran a encontrar más allanada la migración al Linux (a ese Linux).

¿Cómo voy a negar que también sufrí frustraciones con sucesivas actualizaciones del Linux-slackware? Ha habido ratos de perplejidad y desconcierto. No siempre han encontrado el soporte deseado en Linux-slackware los nuevos dispositivos periféricos. Ha supuesto a menudo un desafío significativo configurar las tareas de impresión y las impresoras (en seguida insistiré en esto). En todo ello he tenido que avanzar autodidácticamente (si bien, después de tener acceso a la banda ancha en junio de 2002, empecé a buscar y hallar auxilio en el internet).

Tales dificultades las he vivido como retos; me han ayudado a cavilar, a idear soluciones, a ponerlas a prueba, a no desanimarme, a estrujar mi cerebro para producir nuevas conjeturas alternativas cuando sufría fracasos, perfeccionando así mi manejo del software.

Mientras pude, seguí trabajando casi exclusivamente en modo texto, no abriendo el entorno gráfico más que ocasionalmente para tareas puntuales.

Ya he aludido a las dificultades de impresión. Y es que una de las ordalías que más me hicieron sufrir fue la forzada adopción del CUPS, que, entre tanto, se había hecho con el monopolio en el control de impresión en los entornos Linux --aunque, siendo un programa oriundo del Unix, había caído en poder de la firma Apple; ese programa ha sido la causa de que muchos usuarios deseosos de abrazar el Linux hayan tenido que desistir, al verse atados de pies y manos por el CUPS, que no les permite instalar sus impresoras ni hacerlas funcionar; parece diseñado para frustrar y amargar a quien desea administrar y poner en marcha una impresora.

Por añadidura, el slackware peca de un defecto que afecta a todas las distribuciones --o a casi todas--: ser demasiado purista, al excluir programas útiles y «libres» en un sentido lato (por lo menos gratuitos), pero que no se ajustan a todos los constreñimientos, muy estrictos, del software libre según la norma marcada por las licencias del GNU de Richard Stallman; es verdad que algunos de ellos se facilitaban en una sección de «extras» (o en sitios aledaños o ajenos, como SlackBuilds y aquel que lleva personalmente Eric Hameleers); pero acudir a esas fuentes ya no es, ni muchísimo menos, tan sencillo como instalar el sistema Linux-slackware, en cualquiera de sus sucesivas versiones; hay que aprender a operar por los propios medios y, a menudo, darle muchas vueltas al asunto hasta averiguar cómo incorporar tales aplicaciones adicionales.

Mi mayor motivo de reproche al slackware es que omita otros programas perfectamente libres (incluso en el angosto sentido de la ortodoxia GNU) pero que el líder del slackware, Patrick Volkerding, juzga prescindibles. Su concepción de las cosas es lo que él considera «la filosofía UNIX»: ofrecer un sistema operativo relativamente minimalista, que dé a cada usuario la opción de agregar lo que le dé la gana según sus gustos y preferencias.

Sólo que ese minimalismo no es consecuente (ni podía serlo). Dados los orígenes del Linux y de su predecesor, el UNIX, en cada distribución del sistema operativo figuran siempre incorporados diversos lenguajes de programación, aplicaciones de manejo de internet y de servidores de red junto con programas de élite, como el TeX (estando ausente el LibreOffice, cuyo número de utilizadores es, seguramente, al menos el céntuplo que el del TeX).

Con esa amplia panoplia, es de lamentar que falten virtualizadores y emuladores de otros sistemas operativos (incluso el DOSEMU) y otros programas muy populares.

Otro tropiezo con el slackware fue su decisión, a partir de 2005, de optar por la plataforma gráfica KDE, abandonando su contrincante Gnome; entre los adeptos de ambos se libraba una batalla. (Posteriormente parecen imponerse otros administradores de entorno gráfico más económicos en recursos, menos aparatosos, menos deslumbrantes, como XFCE, Mate y Cinnamon [Canela].)

La opción por el KDE pudo estar justificada; no estoy capacitado para saber si sí o si no. El problema es, empero, que la plataforma KDE igual que su contrincante Gnome, además de ser un administrador de ventanas, lleva incorporadas aplicaciones propias. Así, p.ej., el Gnome abarca un programa de diseño de etiquetas y carteles, el Glabels, más práctico, eficaz y fácil de usar que ningún competidor que yo conozca. Cuando slackware abandona el Gnome en 2005, el único modo de poder usar el Glabels pasa a ser instalar, por sobre todo el slackware ya preinstalado, una versión oficiosa de Gnome para slackware (se ofrecían tres), operación enormemente compleja y no exenta de riesgos, pues cualquier error o interrupción podía desarticular e inutilizar el sistema operativo, haciendo preciso recomenzar desde zero.

A pesar de esos pesares, para mí el slackware seguía siendo práctico, manejable, adaptado a mis necesidades. De una serie de aplicaciones que no venían con la distribución yo me bajaba las fuentes del internet y las compilaba (configure, make, make install). Cada vez que salía un kernel nuevo, también lo compilaba, reemplazando al kernel incorporado a la distribución; tales actualizaciones me eran utilísimas, toda vez que con ellas ganaba a veces soporte para una tarjeta de sonido, una tarjeta ethernet u otro hardware previamente nada o mal soportado.

Ahora bien, en años recientes todo eso se ha ido haciendo cada vez más difícil hasta llegar a ser imposible, al menos en parte. Sin duda es cada vez más complejo el kernel mismo --producido por el Señor Linus Torvalds y su equipo de colaboradores--, teniendo que dar soporte actualizado a millares de dispositivos de todo tipo, además de implementar nuevas tareas.

Las últimas versiones de slackware ya no me han permitido recompilar el kernel: o bien uso el que viene con la distribución o, si no, me encuentro con una máquina incapaz de arrancar (el kernel compilado por mí siempre se atasca en un kernel panic).

Además, dentro de slackware, se ha ido haciendo más difícil trabajar, preferentemente, en las consolas de texto. Para evitar una incompatibilidad entre ese modo y el gráfico, ha habido que configurar las consolas de texto con svga, no con la tradicional vga; lo cual significa que los caracteres son menuditos, perdiéndose esa claridad de las letras grandes que siempre había sido la principal ventaja del modo texto.


§3.-- Del Windows 8 al Fedora

Nunca había tenido ordenadores portátiles, pues no me hacían falta. En mayo de 2014 me decidí a comprar uno, un ultrabook IdeaPad de la casa Lenovo, pequeño y manejable. El aparato me ha resultado útil y adaptado a mis necesidades. Sin embargo, constituyó un suplicio usar el sistema operativo incorporado: el Windows 8. Puede que, en parte, ello se debiera a mi falta de costumbre. Realizar la más mínima tarea implicaba invertir una enorme cantidad de tiempo, puesto que el sistema rehusaba lanzar la aplicación deseada sin antes hacer un chequeo larguísimo, hallando siempre motivos de alerta y de alarma sobre presuntos elementos peligrosos. Cada uno de tales pasos conllevaba unos agresivos anuncios publicitarios para hacerme comprar antivirus u otros presuntos optimizadores. A eso se agrega la mala visibilidad del texto, lo recóndito de las órdenes, las denominaciones enigmáticas, las ubica ciones escondidas.

A los nueve días de pugna y frustración, opté por reconfigurar el aparato achicando la partición Windows para dejar hueco al Linux. Lo hice mal, con el resultado de que se borró para siempre ese malhadado Windows 8, que sólo me había proporcionado disgustos y que no me había servido para nada.

Entonces ensayé instalar el Linux; para empezar mi compañero de tantos años, slackware. Desgraciadamente, aunque se instaló bien, luego no funcionó, al parecer por no dar soporte al vídeo de ese aparato. Tal fracaso me llevó a buscar alternativas. Percatábame de que el hardware del ultrabook era novedoso y tal vez infrecuente, dando lugar a una falta de soporte en muchas distribuciones.

Ya no recuerdo cuántas usé, todas en balde. Muchas. Varias de ellas parecían marchar bien hasta que tropezaban y se paraban. Al final tuve suerte con el Fedora. Jamás había imaginado convertirme en usuario del Fedora, pero esas circunstancias me forzaron a ello. Configurarlo para mis necesidades fue una tarea laboriosa, más que mis ejercicios previos con el slackware. Pero, más o menos, al final lo conseguí, aunque no de manera plenamente satisfactoria; ese margen de insatisfactoriedad puede deberse, en parte, a las limitaciones del propio hardware; no lo sé ni tengo modo de comparar (pues, como he dicho, el Fedora fue la única distribución que pude instalar con éxito).

Fedora sigue siendo para mí, ya casi dos años después, un territorio ajeno, donde me siento forastero; casi diría que me resulta un tantico inhóspito, regimentado, con escasos márgenes de autonomía. Sin embargo, a trancas y barrancas --aunque no siempre según mis preferencias--, he ido sacándole partido, para adaptarlo a mis necesidades. No es una distribución que suscite mi entusiasmo, ni siquiera una honda adhesión; pero sí se revela, a la postre, útil. Es seria, eficaz, rigurosa, depurada y segura. No ofrece todo lo que yo deseo, pero sí contiene, ya incorporados, varios de mis programas favoritos (que, en cambio, con el slackware tenía que buscar por otro lado). En el supuesto de tener que renunciar al slackware en mi PC de sobremesa, Fedora sería una posible alternativa.

De momento, sin embargo, sigo con el Fedora circunscrito al pequeño portátil, un aparato de uso más limitado y, en general, para tareas más modestas, realizadas cuando estoy sentado en una butaca.


§4.-- ¿Hacia el fin de mi adopción de slackware?

Recientemente he reemplazado mi PC maxi-torre de 32 bits (que había comprado en enero de 2010) por un nano-PC de 64 bits de la casa Foxconn, no sólo para tener una computadora más moderna y rápida, sino, principalmente, para ahorrar espacio.

Al hacerlo ha sido forzoso instalar de nuevo, evidentemente, el sistema operativo. Me había preparado. El nuevo aparato no tiene CD-Rom, pero, con el programa isohybrid, había convertido en arrancables desde llaves USB las imágenes CD de instalación de un amplio abanico de distribuciones del Linux: mageia, centos, fedora, corora, mandriva, manjaro, ubuntu, gentoo, slax, salix, knoppix, linuxmint, etc.

Probé varias, quizá todas. Al final las descarté, instalando, una vez más, el slackware, aunque un poquito despechado porque la versión actual sigue siendo la misma que ya tenía yo instalada en la máquina anterior, la 14.1, del año 2013, con un kernel un tantico desfasado. (La prudencia está bien, pero se puede pecar por exceso de precaución, que se traduce en dilación.) (Obviamente la versión precedente era para 32 bits y la que he puesto ahora es para 64 bits.)

La instalación ha sido laboriosa. No la del sistema operativo en sí, según viene con la distribución en cuanto tal; eso ha sido coser y cantar. Pero luego ha venido lo duro: (1) buscar, bajarme e instalar el multilib --para poder correr aplicaciones sólo disponibles para 32 bits (como el Reader de Adobe, que ofrece mejor lectura de los ficheros PDF que cualquier rival) y otras aplicaciones viejas que guardo y de las que no deseo, por el momento, prescindir; (2) agregar el Dosemu, el LibreOffice, el FFmpeg, el VirtualBox (tras fracasar con otros virtualizadores como el VMWare) y una serie de otros programas que necesito y que he tenido que buscar en otros sitios, cuyas indicaciones están orientadas a usuarios expertos.

De nuevo me ha tocado pelear, a brazo partido, con el CUPS para dar soporte a mis dos impresoras.

Al final todo funciona; todo menos el sonido. Eso sí, por primera vez he tenido que abandonar el modo texto. Felizmente la distribución slackware incorpora los programas de la plataforma KDE, entre ellos el terminal Konsole, que funciona la mar de bien y con el cual puede uno trabajar como si fuera en modo texto, sólo que mejor, porque además puede configurar el shell según las propias preferencias y auxiliarse con recursos adicionales inaccesibles en el genuino modo texto. (Eso sí, he notado, a cambio, que son mucho más inestables en el entorno gráfico ciertos programas propios del modo texto, como el WordPerfect 5.1 bajo emulador Dosemu; hay que salvar frecuentemente lo que uno está escribiendo, corriéndose el riesgo de que el programa aborte por cualquier causa fútil.)

Tras perseverantes esfuerzos y ratos de agobio e impotencia, tengo un sistema operativo que funciona bien acompañado por una amplia gama de programas que he incorporado para satisfacer mis necesidades. Sólo que el sonido funciona pésimamente. La tarjeta incorporada tiene un chip ALC662, que al parecer ha dado a muchísimos usuarios problemas parecidos, que no voy a describir. Tal cual está, el sonido es poco utilizable. He intentado compilar un nuevo kernel, pues sospecho que el mal viene de que es erróneo el módulo para ese chip. Sin embargo, en esta fase ya la recompilación del kernel está reservada a los expertos. ¡Diletantes, abstenerse!

Sin ser para mí un grandísimo problema, no ha dejado de producirme escozor. En general no uso la computadora de sobremesa ni para escuchar ficheros audio ni para ver vídeos; para eso tengo mi tableta. No obstante, en el actual estado de práctica inaudibilidad, ni siquiera puedo usar el audio del ordenador para saber qué diantres contiene un fichero cuyo nombre es, p.ej., «waxrtkjh39zq.mp3». Espero que vendrá solventado el problema con el paso a la versión 14.2, que parece próxima; por dos razones: (1ª) usará un kernel más moderno; (2ª) adoptará el controlador de audio pulseaudio (aunque a mí, que lo instalé por mi cuenta, no me solucionó nada).

Lo que sucede es que pasar al 14.2 implicará tener que, por mi cuenta, reinstalar a uña (y, en algunos casos, reconfigurar) el Glabels, el Dosemu, el FFmpeg, el LibreOffice, el Chrome, el VirtualBox, el Adobe-Reader (si es que funciona --probablemente no, a menos que instale el multilib--), etc.

Sigo apegado al slackware, que deliciosamente me ha acompañado durante tres sexenios; pero empiezo a preguntarme si, cuando toque una actualización, esta vez no me pasaré a otra distribución, concretamente al LinuxMint.

Decirle un cálido adiós al slackware me sabe a deslealtad. ¡Le debo tanto! A lo largo de los últimos 18 años, gracias a él, he usado la computadora con éxito en muchísimas tareas; principalmente: en el desempeño de mi actividad profesional como intelectual, como escritor; en la elaboración y el despliegue de las varias páginas web que he gestionado y sigo gestionando; en las comunicaciones y en el correo electrónico; en el aprendizaje de múltiples contenidos; en la descarga de textos y de documentos audio producidos por Universidades y otras instituciones académicas y culturales; en la conversión a formatos que yo pudiera usar convenientemente; y así sucesivamente.

Pero hoy, por las razones ya expuestas, inexorablemente el slackware ya es menos slackware. La consola pura resulta difícil de usar, por lo cual prácticamente para todo hay que trabajar dentro del entorno gráfico. La compilación de utilidades adicionales es más problemática. La recompilación del kernel según el criterio propio es tarea imposible o hercúlea. Y, en cambio, para tener una gama de aplicaciones que un usuario modesto como yo juzga imprescindibles hay que buscarlas e instalarlas, sin que vengan incorporadas al sistema operativo.

Lo que he observado del LinuxMint es que, una vez que uno consigue ver lo que aparece en pantalla (para lo cual hay que hurgar a ciegas para hallar el modo de reconfigurar el despliegue), parece bastante práctico, ofreciendo vías fáciles de instalación de paquetes de software adicionales, incluidos casi todos los que yo necesito --que no vienen incorporados (ni siquiera viene el administrador de ficheros MC [Midnight Commander]). Por otro lado, al parecer sus criterios de lo «libre» son más laxos, dando soporte a elementos de software que, sin cumplir los constreñimientos de la ortodoxia liberista, son gratuitos e insustituibles (plugins, codecs, etc). Así y todo, para mí el LinuxMint es, de momento, una incógnita, una posibilidad eventual.

¿Por qué el LinuxMint y no otra distribución? La página del sitio Distrowatch que he abierto hoy enumera 808 distribuciones. No he estudiado bien sus contenidos para determinar si en ese cómputo se incluyen las 470 interrumpidas (discontinued) y las 62 durmientes; ni he podido averiguar qué criterio fija cuáles caen bajo uno u otro de esos dos conceptos. También, al parecer, hay muchas otras en una lista de espera, ya que cada semana llaman a la puerta unos cuantos candidatos a engrosar el cúmulo de distribuciones linuxitas.

Pero, aunque las distribuciones ya aceptadas y vivas sean sólo 276, está claro que ningún usuario va a probarlas todas, ni la mitad, ni la cuarta parte. Algunas descripciones aclaran --y sirven para descartar de entrada-- pero las más veces se parecen tanto o son tan vagas, tan passe-partout, que, al final, hay que escoger un poco al buen tuntún, acaso en virtud de la reputación o de que le suene a uno el nombre de la distribución.

Según Distrowatch el LinuxMint es, este momento, la distribución más popular, habiendo incluso rebasado al Ubuntu. Para mí, claro, ese dato no es un criterio válido para escoger una eventual alternativa; pero, quizá por una vez, si llego a adoptar tal distribución, estaría yendo a favor de la corriente.


§5.-- Conclusión: ¿cuánto durará el software libre?

La proliferación de distribuciones es, claramente, una ventaja del Linux, una prueba de su enorme vitalidad; mas también constituye una causa de perplejidad e incertidumbre, uno de los motivos de censura contra el Linux por parte de sus adversarios, a quienes gusta seguir, regimentadamente, los mandamientos de quien tenga la sartén por el mango (para unos, la casa Apple, para otros Microsoft), sin rechistar ni desplegar iniciativa propia.

La principal ventaja del Linux sigue siendo su gratuidad, por mucho que eso moleste a los más fervorosos y devotos seguidores de la ideología liberista del GNU, los discípulos de Richard Stallman; un hombre admirable, un genio, pero demasiado intransigente y radical en sus ideas y actitudes, poco proclive a buscar compromisos con el mundo (esa reconciliación con la realidad de que hablaba Hegel).

Tal gratuidad tiene sus inconvenientes, claro está. Implica que los informáticos que crean el sistema y sus aplicaciones hayan de buscar fuentes de financiación diversas de la venta, a menudo un tanto aleatorias. (Al parecer el propio Patrick Volkerding vive en una situación rayana en la pobreza; admirado y querido en el mundo entero, tales afectos no llenan la cazuela.) Asimismo el cliente no puede quejarse de un servicio que ha pagado cuando no está a la altura de sus expectativas. (Pero --la verdad sea dicha-- con el Windows ¿es viable y útil tramitar un requerimiento? No lo parece según mi limitada experiencia.)

Es casi un milagro que, en una sociedad muy mercantilizada, sea posible, sin pagar nada, obtener un producto tan enormemente potente, tan inmensamente útil, tan bien hecho (pese a sus imperfecciones) como lo es el Linux. El ahorro es considerable. Si el nano-PC que he comprado recientemente lo hubiera adquirido con un sistema operativo de pago (Windows 7 o Windows 8), habría tenido que desembolsar un 25% más.

Desde luego, no niego las ventajas que comporta para el usuario, por inexperto que sea, disponer de un software que es «libre» en el sentido fuerte de Richard Stallman. Estando a salvo de ser acusado de «pirateo», uno puede hacer con el software lo que quiera, copiarlo, pasárselo a un amigo, trasladarlo de una máquina a otra, etc. Puede también modificarlo y recompilarlo, pero eso está reservado a usuarios expertos .

Otra ventaja del Linux (que, en parte, paradójicamente, es también una de sus debilidades, como ya he dicho) es la abundancia de distribuciones, la posibilidad de optar y de desandar en las propias opciones, intentando otras, según gustos, afinidades, criterios de utilidad o de facilidad o cualesquiera otros.

Una tercera ventaja del software libre es la libertad, pero no en el sentido fuerte de la ideología liberista de Stallman (un sentido que implica negar la propiedad intelectual), sino en otro más simple y llano: el linuxita no es cliente-súbdito de ningún oligopolio, mientras que los usuarios de Mac y de Windows sí lo son: habiendo pagado sumas muy elevadas para usar legalmente esos sistemas operativos, quedan en relación de vasallaje, de dependencia, respecto a las firmas que los producen, viéndose compelidos a usar sólo lo que sea certificadamente compatible con el sistema cuyo uso han adquirido (o sea, aquello que la firma en cuestión les otorgue permiso para usar) y teniendo que aceptar las actualizaciones que se les impongan.

No sé cuánto durará el software libre. Pese a su actual boga, me temo que acaben imponiéndose los intereses mercantiles y que lo eliminen. La precariedad de las fuentes de financiación del software libre me hace dudar que podamos seguir disfrutando mucho tiempo de la actual bonanza.

De momento el peligro parece conjurado o, al menos, alejado. No sabemos qué nos depara el mañana. ¡Aprovechemos el día de hoy!


(Este texto se encuentra asimismo en formato PDF en el sitio
lorenzopena.es)




sábado, octubre 24, 2015

LOS DESVARÍOS DE LA IZQUIERDA

Hace pocos años escribí un artículo titulado “Comunista sí, pero ¿de izquierdas?”, que publiqué en mi portal ESPAÑA ROJA, ÁUREA Y PÚRPURA. Recientemente lo han reproducido (cambiándole ligeramente el título) algunas páginas del Internet, que yo no juzgaba precisamente afines a mis ideas. Sea como fuere, evidentemente su interés por mis reflexiones no sólo me halaga, sino que me congratula, me hace pensar que no estoy tan solo.

Sin embargo, el hecho es que, además de los argumentos que expuse en ese artículo para rehusar venir etiquetado hoy como un hombre de izquierdas, nuevas razones se van acumulando día a día.

Uno de los motivos por los que siento constantemente disminuir mis ganas de utilizar las redes sociales para comunicar con individuos con quienes pudiera unirme algún nexo de intereses compartidos es que, cada vez que abro la página correspondiente, me llevo un disgusto, causado, no por leer las exposiciones de aquellos de quienes de sobra sé que estoy alejadísimo en ideas, en trayectoria, en origen doctrinal, en inclinaciones, sino las que emanan justamente de ese vago conglomerado de las “gentes de izquierda”, con las cuales --a pesar de que yo decline hoy el rótulo-- podría sentirme más unido, justamente por varias o muchas de las preocupaciones, por un común descontento con la actual ordenación político-económica, con el gobierno de España, con la actuación de los poderosos, con las desigualdades sociales.

Desgraciadamente, esas convergencias, cuando ahondo en ellas, tienden, si no a desvanecerse del todo, sí a revelarse superficiales, relativas, tenues, al paso que las divergencias resultan cada vez más abultadas, determinantes y profundas. La distancia va en aumento y tiende al infinito.

Como, no obstante, tampoco converjo con quienes son de otras procedencias ideológicas (aunque sí concuerdo con algunos de ellos en cuestiones particulares, igual que con mis presuntos correligionarios), el resultado es que experimento una creciente sensación de aislamiento doctrinal, que no me anima nada a proseguir los debates. Para debatir hay que hallar primero un terreno común, compartir unas premisas y reglas de inferencia y percatarse cada uno de que el interlocutor está capacitado para seguir nuestros razonamientos, tenerlos en cuenta y, o bien proporcionarnos una respuesta racional (que refute alguna de nuestras premisas), o bien aceptar nuestra conclusión.

Cuando, en lugar de eso, lo que sucede es que incesantemente esos interlocutores introducen nuevos temas con tajantes asertos que consideramos absolutamente erróneos y que fragilizan más y más todo intento de llegar, por la deliberación, a acuerdo alguno sobre los temas inicialmente debatidos, entonces lo razonable es suspender ese ejercicio, que se convierte en diálogo de sordos.

Y eso me pasa. Cada día me siento más alejado de todo lo que se llama “izquierda” e incluso de cuanto, sin reivindicar ese rótulo, viene caracterizado así por los medios de comunicación (como el embaucador engendro posibilista,PODEMOS [podemos ¿qué y quiénes?]).

Recientemente se ha celebrado el día de la raza, 12 de octubre, que el actual régimen borbónico ha erigido en el día de la Fiesta Nacional de España. La denominacion de “el día de la raza” la uśaba D. Antonio Machado (y la usó en sus escritos sobre la guerra antifascista redactados en Barcelona durante el conflicto bélico de 1936 a 1939). No sé cuándo empezó a emplearse; quizá en el siglo XIX. No tiene absolutamente nada de racista. “Raza” significaba entonces sólo un vínculo de parentesco colectivo, vínculo que existe entre los españoles y los hispanoamericanos, pues sólo una minoría de los habitantes de las hermanas repúblicas americanas, de la España de ultramar, carecen de antepasados españoles (una minoría, me atrevería a decir, ínfima). Que ese vínculo genético tenga una importancia u otra es secundario. Desde luego lo importante es el vínculo histórico, el cultural, el de la tradición jurídica y, sobre todo, el del idioma común. La cursi denominación de "Día de la hispanidad" que se usó bajo el franquismo podría aceptarse, pero creo mejor la de “día de la raza”.

Porque, al margen de los propósitos de los reyes Fernando V e Isabel I, de su comisionado el almirante D. Cristóbal Colón, de la sed de riquezas de los primeros colonos, de la crueldad de los conquistadores Cortés y Pizarro (como la de tantos otros conquistadores, el rey Darío, Alejandro Magno, César, Solimán el Magnífico, y ¡no digamos! Gengis Kan, Tamorlán, Luis XIV, Napoleón, la reina Victoria, Hitler), al margen de la trata de negros, la opresión de los indios, el monopolio de Sevilla, la opresiva estratificación de la sociedad virreinal, al margen de todo eso (que es verdad), la llegada al Caribe de las tres carabelas fue el inicio de un enorme proceso de encuentro de civilizaciones, la ocasión del mestizaje, el motivo de un nexo poblacional transoceánico que hace que tantos cientos de millones de seres humanos de ambas orillas del Atlántico compartamos idioma, muchas veces apellidos, historia, cultura, referencias y, además, intereses comunes frente a la prepotencia avasalladora de las potencias septentrionales.

Rechazo, desde luego, que el 12 de octubre sea la Fiesta Nacional de España. Como republicano legitimista creo que ésta debería ser el 14 de abril o el 11 de febrero (aniversario de la I República, 1873), o, si se quiere, la festividad de San José (aniversario de la Constitución gaditana), o el 2 de mayo o incluso alguno de los patronos historicos de nuestra Patria, San Jorge (23 de abril) o Santiago Apóstol (25 de julio); porque, sea uno católico o no, tales referencias están ancladas en los más hondo de la historia de España.

Sin apoyar esa exaltación excesiva del 12 de octubre, tampoco juzgo razonable la satanización de tal conmemoración a la que se ha entregado este año toda la “izquierda”, viendo en ese día el del genocidio y la opresión imperial. Dudo muchísimo que sea aplicable el concepto de “genocidio”, porque la disminución de la población indígena fue producida, principalmente, por enfermedades causadas por gérmenes involuntariamente aportados; los malos tratos y las durísimas condiciones de trabajo no fueron siempre peores que los que las masas trabajadoras y oprimidas ya estaban recibiendo bajo el yugo de sus monarcas precolombinos, cuya ferocidad no le iba a la zaga a la de los nuevos dominadores (exceptuando las poblaciones caribeñas y algunas otras, libres de tales imperios). En cualquier caso, dejo el debate a los historiadores. Lo que no creo es que el 12 de octubre sea sólo eso, el día del genocidio, aun suponiendo que lo hubiera habido. Ya he dicho que significa mucho más. Y, en el mundo de hoy, significa una unión de pueblos mancomunados por esos nexos lingüístico-historicos que deberían unirse frente al sojuzgamiento de los poderosos septentrionales que los agobian con su prepotencia y hegemonía, particularmente el imperialismo yanqui.

Conque ahí me topo con un motivo más para distanciarme de mis amigos de “la izquierda”, rótulo ya sin sentido ni valor alguno.

¿Es que he cambiado tanto? Mis ideas no son las de hace medio siglo, cuando profesaba el marxismo-leninismo, cuando encabecé la disidencia prochina del partido comunista de España. Mi evolución no ha sido, empero, tan radical. Subsisten no pocas continuidades. Recientemente he releído la Línea Política del partido comunista de España (marxista-leninista), PCEml, que redacté en 1965. De todos los asertos que contiene ¿con cuántos de ellos comulgaría hoy? ¿Cuántos de ellos juzgaría yo hoy que fueron acertados para el momento en que se escribieron? Sin duda me he alejado, con el pasar de los años, de la mayoría de tales asertos, pero, así y todo, al releerlos, sigo pensando que muchos eran correctos en aquel momento; otros, aunque incorrectos, eran justificables (desde unas premisas ideológicas y doctrinales que hoy he superado); y hasta unos cuantos, reformulados, seguirían siendo acertados hoy.

No se han alterado en lo más mínimo mi profesión de republicanismo, mi antiimperialismo, mi aspiración a una sociedad sin propiedad privada y a un mundo sin fronteras. Lamentablemente, entre mis amigos de "izquierda" apenas hallo ecos republicanos (y los que encuentro suelen ser sin énfasis, como si se tratara de una cuestión secundaria o hasta baladí); antiimperialismo, poco, desvaído, con sordina. Aspiración a un mundo sin fronteras y sin propiedad privada, prácticamente nada. En cambio sí pretensiones societales que yo no comparto, fijaciones con las alternancias electorales dentro de la monarquía reinante, y muchos temas así que para mí son, a menudo, indiferentes.

En los debates doctrinales también toca guarecerse, en tiempos adversos, en los cuarteles de invierno, suspendiendo la deliberación.

domingo, noviembre 17, 2013

Agentes o solo pacientes

¿Agentes o sólo pacientes? Respuesta a Fernando Broncano
por Lorenzo Peña y Gonzalo

2013-11-17


En Facebook se ha iniciado una conversación entre Fernando Broncano y el autor de esta página; dadas las limitaciones de esa red social, prefiero proseguir aquí el debate.

La discusión arranca de una entrada reciente de Fernando Broncano en la cual éste comentaba los despropósitos de un economista --de estos que hablan en la radio borbónica-- según el cual «los españoles» «NOS hemos gastado el PIB de dos generaciones futuras». Apostilla Fernando:

Y sigue empleando en NOS impunemente, como si el incluirnos en el paquete fuese natural, como si la deuda la hubiésemos adquiridos TODOS, no los bancos ni las inmobiliarias ni las empresas en una huida hacia adelante. Y me digo, `¡Tío! ¿Quién te ha dado permiso para incluirme e tus círculos? Mi NOSOTROS es el `NOSOTROS NO HEMOS SIDO'. Mi NOSOTROS es el de quienes están en la otra orilla del VOSOTROS.

No me cabe la menor duda de que la crítica de Fernando Broncano tiene un fundamento serio, encerrando una parte de verdad. Mas no creo que sea del todo acertado ese excluir del papel de agentes (o causantes) de lo que está sucediendo a todos los españoles salvo el puñado oligárquico que Fernando circunscribe con ese algo vago (pero sugerente) «vosotros».

De ahí que a esa entrada le introdujera yo --al día siguiente-- este comentario:

Pues yo creo que sí hemos sido. Primero votando a los destructores de España, de uno u otro matiz. Y además participando, cada quien a su escala, en la especulación y burbuja inmobiliaria y automovilística, deletérea económica y ecológicamente. Claro que hay grados.

Fernando Broncano me contestó:

No, no estoy de acuerdo. Es como decir que el obrero es cómplice del capital porque firma el contrato de trabajo y luego se gasta el salario. La burbuja ha sido una estrategia especulativa claramente consciente de lo que se estaba haciendo, entre otras cosas implicaba un engaño masivo a quienes menos podían valorar lo que estaba ocurriendo. Un inmenso juego de la pirámide. No confundamos víctimas y culpables: este es el argumento más fuerte que están usando para justificar lo que hacen.

A lo cual yo respondí unos días después:

Bien, Fernando, pero hay una diferencia. El obrero, o firma el contrato o pasa hambre. En cambio, los españoles podían no votar a la corrupta casta borbónica que nos ha llevado a un desastre previsible. Y podían no entregarse al delirio especulativo de las residencias secundarias y la emulación por el coche nuevo; podían sin pasar hambre ni nada similar. Muchas víctimas han sido un poco cómplices de los verdugos. No digo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. En 1974 los españoles no eran, para nada, cómplices del yugo que padecían.

A esto, por su lado, Fernando me contesta el sábado 16 de noviembre de 2013:

Lo siento, Lorenzo no puedo entender que culpes a todas las clases populares de lo que les está pasando porque no han votado lo que tú crees que deberían haber votado (y, en cambio, supongo, disculpes a quienes tendrían que haberles convencido de no hacerlo por no haber sabido convencer a la gente con sus palabras y su vida).

Aquí es donde --necesitando un espacio que no se ajusta a las entraditas de Facebook-- opto por utilizar esta bitácora para puntualizar mi opinión --opinión que respetuosamente someto a otras mejor fundadas.

En primer lugar, hemos de precisar claramente el tema de la controversia. Lo que discutimos no es una cuestión de culpabilidad, sino de agencia, de actuar o ser pasivos; en otros términos, es un problema de causación.

Un causante, o agente, puede actuar sin culpa ninguna; y puede actuar culpablemente, ya sea por negligencia o por mala fe. No estábamos discutiendo si había que imputar culpa o no a los unos o a los otros, sino sencillamente si nos corresponde un mero papel de pacientes o también uno de agentes o causantes.

Mi atribución de causa o agencia a «los españoles» (entendiéndose: a la mayoría de ellos) se basa en dos motivos; uno es su comportamiento en los negocios, en el tráfico comercial; el otro es su conducta electoral, al votar a los partidos que han detentado la jefatura del gobierno a lo largo del actual reinado y que, por las políticas económicas que han aplicado, han conducido al desastre que padecemos.

En cuanto al primero de los mencionados motivos, aparece un poco ladeado en la continuación del debate. Pienso que mi alegato es fundado. En el capitalismo del siglo XIX y comienzos del XX, el obrero tenía las dos opciones de morir de hambre o aceptar el leonino contrato laboral que le proponía el empleador. Pero en no pocos aspectos las cosas son bastante más complicadas en el actual ordenamiento socio-económico del occidente, en el occidentalismo --que ya no es, ni muchísimo menos, capitalismo puro, sino un híbrido.

Dejando aparte las opciones del trabajador en su relación laboral, lo que yo señalaba era el comportamiento de muchísimos, de millones de españoles como compradores de mercancías, que a menudo han participado (aunque sea en medida modesta) en prácticas especulativas y, en otras facetas, han caído en la trampa de orientar su consumo a los sectores en que más ha prosperado la burbuja especulativa hasta estallar.

Mi análisis no llega, de ningún modo, a las acusaciones anticonsumistas de los que atacan a la sociedad de consumo y abogan por la austeridad, la penuria, el decrecimiento y, en definitiva, la pobreza. ¡Todo lo contrario! Lo que ha contribuido a la burbuja especulativa y a su consiguiente estallido no ha sido comprar o consumir, sino: por un lado, comprar para no consumir (comprar bienes inmuebles con fines, en parte, de atesoramiento y eventual reventa a mejor precio, beneficiándose de la carrera alcista); y, por otro lado, el frenesí de la compra --a crédito, naturalmente-- de bienes superfluos y obsolescentes (los autos) cuyo elevadísimo precio acaba arruinando al deudor, además de provocar un enorme daño al medio ambiente.

Mi segundo alegato estriba en atribuir parte de la causa de los males que padecemos (causa --insisto-- no es culpa) a la confianza electoralmente depositada en quienes han proseguido unas políticas económicas que, en lo esencial, se mantienen desde Carlos Arias Navarro a Mariano Rajoy, pasando por los cinco intermedios. Dejo de lado al primero de los siete, que nunca fue elegido. Los otros seis sí (con todas las fundadas reticencias y reservas que podamos emitir con respecto a la democraticidad del sistema borbónico).

Cuando un gobernante es elegido, quienes lo eligen son --así sea parcial e indirectamente-- causantes o agentes de sus políticas y, por lo tanto, de los resultados de las mismas.

Quede claro que en ningún momento he atribuido causación (ni directa ni indirecta) de tales políticas y de sus resultados a quienes «no han votado lo que [yo creo] que deberían haber votado» --suponiendo que yo creyera que deberían haber votado de cierta manera--, sino a quienes han votado a aquellos que (créalo yo o no) no deberían haber votado. Una cosa es no votar a quienes se debería votar (si es que existen); otra, muy distinta, votar a quienes se debería no votar. Lo que yo señalo como agencia o causación, en este caso, es sólo la acción, no la omisión.

No voy a traer aquí a colación los escrutinios de todas las elecciones generales españolas desde la transición. Para circunscribir un poco el debate me limito a las más recientes.

Tomo los siguientes datos de la págª web del ministerio del interior, aunque teniendo en cuenta que no eran datos definitivos, tal vez por faltar el escrutinio de residentes ausentes; por ello tomo algunos datos de la págª de wikipedia; las diferencias numéricas entre ambas tablas son muy poco significativas.

En las elecciones del 20 de noviembre de 2011, habiendo 47 millones de habitantes del Reino de España, tenían derecho a votar algo más de 35.779.491 (entre ellos españoles que viven en el extranjero). Según el ministerio, ejercieron el sufragio 24.590.557, absteniéndose 9.710.775, o sea un 28,31%. Hubo, además, 317.886 votos nulos (un 1,29%) y 333.095 votos blancos (un 1,37%). Ya tenemos cerca de 10 millones y medio de españoles que no han emitido votos válidos y que, por lo tanto, no han votado a los políticos que han llevado la nave a su naufragio.

Pero, además, tenemos a los que han votado a partidos que no han participado, ni directa ni indirectamente, en las coaliciones de poder (como no sea --y eso excepcionalmente-- a escala regional): IU-LV, AMAIUR y UPyD. No menciono a los que obtuvieron menos del 1% de los votos --como BNG, EQUO, HARTOS.ORG, PIRATA, FE de las JONS y otras curiosidades. IU-LV obtuvo 1.680.810; AMAIUR, 333.628; UPyD, 1.140.242; tenemos así un 13% de los votos válidos que no han sostenido con su papeleta a los partidos turnantes, ni directa ni indirectamente.

De entre la masa de los que sí han emitido votos a favor de partidos que, o bien se turnan en la jefatura del gobierno (PP y PSOE), o bien los apoyan a cambio de prebendas para sus respectivas satrapías (CiU, PNV, coalición canaria), hay que distinguir, de todos modos, entre unos y otros. Por los dos partidos turnantes han votado 10.830.693 más 6.973.880, o sea un total de unos 17,8 millones de votantes, o sea apenas más de la mitad del cuerpo electoral, que (¡recordemos!) era de más de 35 millones y medio.

Esos casi 18 millones que sí han votado a uno u otro de los dos partidos turnantes de esta neorrestauración borbónica han causado que tales partidos ejerzan la jefatura del estado (turnándose en ella) y, por lo tanto, que puedan desarrollar las políticas económicas que han pilotado. El millón de votantes de CiU más los trescientosmil del PNV apenas superaban el 5% de los votos válidos (constituyendo menos de un veintisieteavo del cuerpo electoral).

Tenemos, pues, menos de 20 millones que han respaldado con su voto a los partidos borbónicos turnantes --y, de ellos, algunos sólo indirectamente--.

¿Qué habría pasado si, en lugar de eso, hubieran alcanzado mayor éxito electoral otras opciones? Podemos dibujar varios escenarios con sendos experimentos mentales. Uno sería que la abstención unida al voto blanco o nulo, en lugar de ser de un 30%, hubiera sido de un 60%. Otro sería que partidos que, hasta ahora, no han participado directa ni indirectamente en el ejercicio del poder hubieran alcanzado posiciones que les permitieran, al menos, influir en la política gubernamental, condicionando su apoyo a un cambio de línea o (¡imaginémoslo!) encargándose de la dirección de los asuntos. Al respecto todo son conjeturas. No sabemos qué habría pasado.

Lo que sí sabemos es lo que ha pasado de hecho: que, gracias a las papeletas de 18 millones de electores, los dos partidos turnantes vienen perpetuándose desde 1977 (porque, en realidad, el actual PP viene a ser, de hecho, una especie de fusión de los dos partidos del tardofranquismo: alianza popular y la unión del centro democrático, que estaban desunidos en la transición).

Esos 18 millones son, pues, causantes de que la jefatura del gobierno la hayan desempeñado quienes lo han hecho; a fuer de causantes, son agentes, no pacientes. No han causado directamente sus políticas, pero sí han causado que puedan dictarlas y ejecutarlas; y, en reiterados comicios, han revalidado esa confianza, cuando ya esas políticas se estaban aplicando con empecinamiento.

¿Son, por ello, culpables? Para ser culpable de una conducta hay que ser agente de la misma careciendo de causas de justificación y de causas de exculpación. Una causa de justificación podría ser el estado de necesidad. Una causa de exculpación sería obrar por miedo insuperable o por ignorancia invencible. Alternativamente, puede haber culpabilidad atenuada, por la concurrencia de circunstancias que aminoran el grado de responsabilidad.

Pienso que en la conducta electoral muchos de esos agentes=causantes podemos verosímilmente suponer causas, en unos de justificación, en otros de exculpación; y, en buena parte de los demás, circunstancias atenuantes.

De ellas una es la que señala Fernando Broncano: las deficiencias achacables «a quienes tendrían que haberles convencido de no hacerlo por no haber sabido convencer a la gente con sus palabras y su vida», o sea las carencias de los líderes políticos alternativos al sistema. Es equivocada la suposición de Fernando Broncano: yo no disculpo en absoluto a esos líderes; ¡todo lo contrario! Para probar mi inculpación de esos líderes están (públicamente desplegados) numerosos artículos, sueltos y panfletos míos de los últimos cuatro o cinco lustros (para no mencionar ya los que escribí en mi juventud, que, en el fondo [y a pesar de sus errores, en parte fruto del espíritu de aquellos tiempos] ya apuntaban en la misma dirección).






martes, mayo 08, 2012

El safari de Juan Carlos Capeto

El safari de Juan Carlos Capeto
por Lorenzo Peña

2012-05-08


Poca sorpresa debería causar que Su Majestad el rey de España se haya dedicado, una vez más, a una de sus aficiones favoritas, la caza. Continúa --en eso como en tantas otras cosas-- la tradición de su familia, la dinastía borbónica --aunque, con propiedad, su apellido es el de «Capeto» o, en francés, «Capet», según lo determinaron las autoridades galas al caer la monarquía en el país vecino en 1792.

Su Majestad es también muy aficionado a la tauromaquia, sin que ello le impida otras muchas diversiones.

En el caso de marras, algunos órganos de opinión han expresado aflicción o desconcierto, no por preocupaciones animalistas, sino por el cúmulo de cuatro circunstancias:

  • 1ª) El hecho de que ese jolgorio cinegético --que implica un enorme derroche, sea cual sea la fuente sufragante-- se haya llevado a cabo justamente en momentos de durísimo ajuste, con el número de desocupados forzosos en España camino de los seis millones, los recortes de servicios públicos, la drástica disminución del poder adquisitivo de los hogares trabajadores, el aumento de la pobreza y la amenaza de bancarrota total de la precaria y débil economía española, ante lo cual el suicidario remedio de la oligarquía consiste en preceptos --promulgados por el propio cazador dispendioso-- que someten a todos los habitantes de España a un régimen de austeridad (aunque éste golpee más directamente a los servidores públicos);
  • 2ª) El hecho de que la caza del elefante está prohibida por los tratados internacionales, al considerarse una especie en riesgo de extinción y, por lo tanto, merecedora de protección, a la vez que las dispensas de tal prohibición han de otorgarse con garantías, sin que Botsuana (o Bechuanalandia), el antiguo patio trasero del apartheid, se vea como un estado de derecho en el cual valgan esas u otras garantías;
  • 3ª) La opacidad y el secreto que rodean a las idas y venidas del Soberano --una opacidad que no es novedad alguna, pero que esta vez ha producido escozor ya que sólo por haberse sabido del accidente se ha enterado la opinión pública de la cacería regia;
  • 4ª) La cercanía en el tiempo (y hasta quizá la posible conexión) entre esta aventura y las tribulaciones forenses de Su Alteza Serenísima, el Duque de Palma, yerno de Su Majestad, cuyo ex-socio está incluso amenazando revelar el papel de la Corona si no obtiene adecuadas compensaciones, a la vez que otras vicisitudes han venido erosionando la reputación de esa familia como presunta depositaria de los valores reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Por el contrario, los órganos de prensa, las bitácoras, incluso los panfletos incendiarios han omitido otras consideraciones, no menos pertinentes, como lo son las cuatro siguientes:

  1. El safari se realiza en período pascual, tras la semana de Pasión, cuando un cristiano no tiene que estarse divirtiendo (unos se divierten matando, otros dando vida, otros de otra manera), sino que tiene que estar participando en actos recordatorios del calvario y la resurrección del Salvador, actos religiosos y piadosos, obras de caridad, de amor al prójimo. (Su Majestad la Reina Dª Sofía von Schleswig-Holstein estaba --según se ha informado-- consagrada a tales menesteres en su país natal.)
  2. El regocijo venatorio se ha realizado, al parecer, en la compañía de una señora austríaca (ennoblecida por casamiento) que el rumor considera la enésima amante regia, cuando el artículo 68 del código civil impone a los cónyuges el deber de «vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente», deber al cual el legislador español de 2005 (o sea el propio Monarca) ha agregado la obligación de compartir las responsabilidades domésticas. Por varios motivos que huelga aquí explicar contraviene lo preceptuado en ese artículo del código civil la conducta de pasarlo bien yéndose frecuentemente de francachela y cacería con una amiga íntima, o manceba. (A eso habría que añadir la calificación de tal conducta en el derecho canónico, al cual está sujeta la conducta del Soberano por su condición de católico, sin la que se desmoronaría la justificación de la potestad dinástica en la valoración de la sociedad española.)
  3. Acababa de producirse un llamamiento del sector hotelero y turístico español para que los habitantes de España pasen en territorio español sus vacaciones y no se vayan a disfrutarlas en el extranjero, a fin de, por lo menos, incentivar uno de los pocos sectores florecientes (pero también amenazados) de la economía española.
  4. Las generosas fuentes de la petromonarquía saudí, que (según se dice) han pagado el safari, habían hecho muchas aportaciones previas al patrimonio borbónico --cuando resulta que, en sede judicial, se ha tildado de cohecho impropio la aceptación de donativos como trajes y relojes (sin duda muchísimo más baratos que esas excursiones de lujo), basándose en el argumento de que un servidor público no puede lícitamente consentir en ver incrementado su patrimonio a título lucrativo cuando sea razonable sospechar que el donante actúa con el fin de conseguir así alguna ventaja futura para sí mismo o para terceros.

Aunque me parece que la opinión pública debería atender más a estas cuatro últimas consideraciones y menos exclusivamente a las superficiales y anecdóticas, mi comentario esencial sobre este asunto está fuera de todo ese círculo temático. Hay otro capítulo mucho más importante, que es el de los deberes constitucionales de la Corona, según el Título II de la vigente constitución sancionada y promulgada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. (El Soberano no la ha jurado; en su exaltación al trono lo que juró fue la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.)

Como he sostenido en el tercer capítulo de mi libro Estudios republicanos («El poder moderador en la monarquía y en la república»), la actual norma básica confiere a la Corona una amplísima potestad arbitral y moderadora, que no es (como a menudo se pretende) simbólica o decorativa. Esa potestad la tiene reconocida el Monarca, pero, con ella, que es un derecho, le incumbe un deber: el de ejercer esa potestad y hacerlo según los principios y valores reconocidos en la constitución. Por lo tanto, tiene el derecho y el deber de vetar las leyes y los decretos que, según su conciencia, sean vulneratorios de los valores constitucionales y de los grandes bienes jurídicos a cuya tutela está orientado el ordenamiento normativo del reino de España.

Para ejercer esa prerrogativa arbitral y moderadora que le reconocen los artículos 56.1 y 62 de la constitución, el Soberano ha de tener un juicio sobre el contenido de los actos jurídicos --expresos, tácitos o presuntos-- que le incumbe realizar, y no sólo sobre la forma o el procedimiento (aunque también esas cuestiones de forma son a menudo delicadas y complejas). La omisión puede ser tan violatoria del deber constitucional como la acción. Una de esas omisiones sería no examinar el contenido para, en función de tal examen, rehusar eventualmente la regia sanción a actos jurídicos atentatorios a los valores constitucionales.

La discusión habría de encaminarse por ahí para hacer un balance de en qué medida la actuación del Trono en este reinado ha estado conforme con esa obligación constitucional del Poder Moderador.

La transparencia que se pide habría de centrarse en averiguar en qué ocasiones el soberano Titular del Poder Moderador ha intercedido o no lo ha hecho, en qué casos ha objetado sancionar actos jurídicos de contenido inconstitucional, en qué casos ha recomendado o hasta impuesto nombramientos ministeriales u otros favorables al incremento del peso de la Corona, cuándo ha influido, o dejado de influir, para ajustar esos actos jurídicos a fines constitucionales o a otros fines.

Hay que saber si actúa como una máquina, como un programa de computadora que, mecánicamente, estampa la firma sin pensar cuando desencadena el mecanismo el poseedor de la clave. Si sí, ¿es eso lo que dicen que hará los mencionados artículos de la carta magna? Si no, ¿cuáles son las pautas de su conducción de los asuntos públicos?

Otro asunto digno de atención (mucho más serio que las zarandajas de los pasatiempos y escarceos regios) es el papel de la Corona en el ascenso y la caída del duque de Suárez y hechos concomitantes (23F) así como en episodios posteriores, como el 11M. En concreto (anticipando preguntas del lector), diría yo que merece una investigación el papel directivo de la Jefatura del Estado en el mando supremo de las fuerzas armadas (art. 62.h de la constitución) y, en ese marco, sus vínculos con el servicio secreto militar, rodeado por un halo de tenebroso misterio y salpicado por tantas alegaciones nunca públicamente debatidas ni refutadas.

Complementariamente está el problema de si las circunstancias que más arriba he enumerado determinan que el safari y otras conductas del Monarca sean hechos constitucionalmente ilícitos --aunque carentes de sanción en virtud del artículo 56.3 de la constitución. Mi opinión es que (por una ficción jurídica del art. 56.3) todos los comportamientos del Soberano son --independientemente de sus propósitos y de su contenido-- siempre hechos lícitos en el orden jurídico intraconstitucional, aunque violen el derecho natural.

Exhorto a mis lectores a que participen en estos debates y reflexionen por su cuenta sobre los temas abordados en este ensayo.






lunes, diciembre 05, 2011

ABOLIR LA CONSTITUCION BORBONICA

Abolir la constitución borbónica
por Lorenzo Peña

2011-12-06


La vigente constitución borbónica fue elaborada por unas cortes bicamerales constituidas en el marco jurídico del régimen franquista, incrementado por la octava «Ley fundamental del Reino», la Ley para la Reforma Política de enero de 1977, que venía agregada a la Ley de principios del Movimiento Nacional y demás parafernalia normativa del caudillaje.

Sin embargo, el hecho político decisivo no fue la promulgación de ninguna de esas leyes, sino la reentronización de la dinastía borbónica y, en su seno, la selección como monarca reinante del hijo varón del tercer hijo del último rey, Alfonso XIII. Esa doble decisión no se seguía en absoluto de las siete Leyes fundamentales del Reino vigentes en el momento sucesorio, del 20 al 22 de noviembre de 1975. Lejos de eso, incumbió a una ley ordinaria --aprobada por las Cortes estamentales de procuradores a iniciativa del autoproclamado «Jefe del Estado»-- de 22 de julio de 1969 seleccionar a la casa de Borbón como la única estirpe regia y, en su seno, al infante D. Juan Alfonso de Borbón y Borbón-Dos Sicilias como sucesor a título de rey por reunir, a juicio del designador, las cuatro condiciones requeridas: ser varón, católico, identificado con los ideales de la cruzada y compenetrado con las fuerzas armadas. Fue, dijo el testador, el mejor modo de dejarlo todo atado y bien atado para evitar el retorno de la «decadencia liberal».

Le LRP (Ley para la Reforma Política) de 1977 venía así sancionada y promulgada por un individuo cuya potestad no se deducía de las leyes fundamentales, sino de un Acto de naturaleza sucesoria, de una decisión testamentaria. Lo peor es que, lejos de convocar cortes constituyentes, la LRP instituye unas cortes bicamerales sin confiarles el poder de hacer una constitución, aunque permitiéndoles --como a cualesquiera otras cortes ordinarias-- promover una reforma constitucional (o sea, en aquel marco, una reforma del sistema de las ocho Leyes Fundamentales del Reino), que debería ser sancionada y promulgada por el Trono.

De esas Cortes el Senado tenía un quinto de designación regia. Eso será decisivo para que el texto constitucional resultante sea tan reaccionario y otorgue tan amplísimos poderes a la Corona. A tal fin concurrieron otros factores: el mantenimiento de la prohibición de los partidos republicanos o simplemente no-dinásticos hasta que se hubieron celebrado las elecciones de 1977; la obsoleta representación provincial; las listas cerradas; la exclusión del censo de los españoles residentes en el extranjero (emigrantes y exiliados).

La constitución sancionada y promulgada por el Monarca Reinante el 27 de diciembre de 1978 es una norma que, bajo una apariencia y terminología democráticas, en realidad establece la supremacía de la prerrogativa regia, con una amplia potestad arbitral y moderadora del Trono, cuyos privilegios quedan protegidos por la cláusula de intangibilidad del art. 168 del citado texto.

Muchos pueden considerar venturoso que a menudo el Soberano opte por hacer dejación de ese poder arbitral y moderador de que está investido por el art. 56.1 de la constitución, limitándose a un simulacro que da la impresión de una función meramente protocolaria. Otros, en el error, van más lejos, creyendo que en rigor el citado artículo 56 es retórico y sólo otorga al Rey un papel decorativo o figurativo.

Tales poderes siguen vigentes y en cualquier momento pueden entrar en acción, ejérzanse o no --según los supremos intereses de la dinastía. Contra su explícito reconocimiento constitucional no vale invocar el desuso.

Más bien, llevan razón quienes critican la omisión de tales funciones arbitrales y moderadoras. Y es que, si la Carta Magna las concede al titular de la jefatura del Estado, también se las impone.

Una de las muchas diferencias entre Monarquía y República estriba precisamente en el ejercicio del poder moderador. En una República, un Presidente goza de una legitimidad institucional que le otorga una genuina autoridad, por lo cual, en situaciones de crisis, puede atreverse a ejercer su potestad arbitral y moderadora. Ejemplos los ha dado en Italia en varias ocasiones la Presidencia de la República. En las monarquías la pseudolegitimidad es vergonzante y vergonzosa, al entrar en conflicto con todos los valores esenciales de la democracia, el principal de los cuales es la exclusión de la arbitrariedad, mientras que el dominio de una dinastía reinante sólo puede ser fruto de la pura arbitrariedad. En una monarquía como la española actual ese defecto está agravado, al haberse seleccionado la figura del soberano, no por las reglas tradicionales de transmisión dinástica, sino por la decisión de un tirano. En ese panorama, no cabe depositar esperanza alguna en que se ejercite el poder moderador, salvo cuando se trate de salvaguardar los intereses dinásticos.

Luchar por la República implica, por consiguiente, combatir por un ordenamiento jurídico en el que exista un genuino Poder Moderador plenamente legítimo y no arbitrario, que, encarnando la máxima autoridad del Estado, sirva de equilibrio y contrapeso frente a los poderes legislativo y ejecutivo y entre ellos. Algo que buena falta haría en las actuales circunstancias y que atemperaría los vaivenes y turnos partitocráticos.