El porqué del viraje en la política económica del Gobierno
por Lorenzo Peña
2010-06-16
El Licenciado Rodríguez Zapatero ha dado un viraje en su política económica y social. ¿Por qué?
Hace ya años, quien esto escribe sostuvo que, en la actual monarquía española, el presidente del gobierno es una figura decorativa, mientras que el poder real es ejercido por el Trono. Las directrices del Soberano son las que marcan el contenido esencial de la política gubernamental, si bien se toman con adaptatividad a las situaciones y a las mentalidades de la clase política, particularmente a la correlación de fuerzas en las cortes bicamerales del Reino.
Son varios los instrumentos regios para imponer tales directrices soberanas. Los he analizado en mi libro Estudios republicanos. La vigente constitución de 1978 reserva al Trono la decisión de promulgar las leyes y expedir los decretos. Ni una sola vez ha trascendido a la opinión pública una negativa regia, pero lo cierto es que no ha transcendido casi nada de lo que rodea a la Corona --y cuando, excepcionalmente, un charlante se ha ido de la lengua en alguna tertulia, se ha echado tierra encima con celeridad.
De hecho, la constitución confiere al monarca --investido de la potestad arbitral y moderadora--, no sólo el derecho, sino también el deber de examinar los actos jurídicos que se someten a su sanción, aunque sólo sea para comprobar que se han tomado de manera regular y según la constitución. De ahí que, evidentemente, las sugerencias regias sobre el contenido de tales actos hayan de tomarse como órdenes.
El 11 de febrero de este año 2010, en ocasión de la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2009 --en compañía de su augusta esposa, Sophia von Schleswig-Holstein, y de la ministra de Ciencia e Innovación, distinguida empresaria Dª Cristina Garmendia--, el Soberano exigió «grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis, y para recuperar un crecimiento fuerte y duradero».
Con otras palabras, Su Majestad estaba llamando a ese cambio de política económica que ahora se está plasmando en los textos normativos aprobados por el consejo de ministros. Como es costumbre, el tenor de ese llamamiento regio tenía algo de sibilino, estando abierto a diversas interpretaciones. Por una vez, sin embargo, se debatió en la prensa si el mensaje había sido proferido por iniciativa propia del monarca o a propuesta de su gobierno y si su emisión había recibido el refrendo ministerial. Esas dudas nunca fueron aclaradas. Pronto la discusión se dejó de lado y se pasó a otra cosa.
La alocución real no decía, en efecto, qué nueva política económica había que determinar pero sí daba pistas y pautas: había de ser una en torno a la cual fuera posible un gran pacto de estado, un amplio acuerdo de las principales fuerzas del arco parlamentario.
Obediente al mandato regio, el gobierno de Lcdo Rodríguez Zapatero ha dedicado sus esfuerzos a esa rectificación --máxime dado que, entre tanto, ha recibido otra conminación en el mismo sentido de la eurocracia bruselense.
El resultado está ahí: rebaja de sueldo de servidores públicos, congelación de pensiones; supresión de desgravación fiscal lineal --sin por ello deshacer la contrarreforma tributaria de los años precedentes, que ha desgravado considerablemente las rentas y haciendas de los ricos--; reducción de varias ayudas sociales; flexiprecariedad laboral, con derecho patronal al despido aún más libre y menos costoso que antes.
En suma son los puntos programáticos que venía pidiendo D. Mariano Rajoy, aunque lo dijera con ese embrollado trabalenguas y esos circunloquios de los políticos marrulleros, de modo que, cuando se concreta el contenido de su mensaje, se pueden escabullir alegando que no era eso lo que ellos querían decir. Es posible que el Sr. Rajoy guarde en su morral medidas aún más salvajes, como la de despedir a un número de funcionarios (los instrumentos legales para ello los facilitó una Ley promulgada siendo presidente del gobierno el Lcdo. González Márquez).
No tendremos pacto de estado, formalmente, porque no interesa a la oligarquía financiera y terrateniente en el poder. Lo que le interesa es que se consume este viraje en la política económica y que prosperen estas medidas. Lo que cuenta es el contenido del pacto, no la forma. Con otras palabras, lo que cuenta es que se imponga una política económica que sea aquella que se establecería por pacto, si lo hubiera.
El partido popular votará en las cortes a favor, si hace falta para que la ley sea aprobada; votará en contra o se abstendrá, si no hace falta. Y así, además, no asumirá el coste de la impopularidad, enturbiando la cuestión de si su oposición o su reticencia viene de que la reforma no es suficiente o de que es injusta; para así, llegado el caso, promover, en la siguiente legislatura, una ley aún más dura, brutal y antisocial.
Pero ya tenemos, ya está ahí, el pacto de estado en cuanto a su contenido; ya tenemos encima un manojo de reformas de la política económica y social por el cual el bando gubernamental aplica el programa de la oposición (dejando a ésta, eso sí, en mala postura, porque ¿qué le dejan de verdaderamente propio?).
Las consecuencias sociales ya sabemos que van a ser muy amargas. ¿Cuáles serán las consecuencias para la economía española? Catastróficas. Ya lo analizaré en otra ocasión.
