Lorenzo Peña y Gonzalo

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Hoy me considero, antes que nada, un jurista, un hombre dedicado al Derecho. Por esa autoidentificación profesional y vocacional estoy afiliado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sin haber ejercido nunca el noble oficio de letrado; lo cual no me impide sentir satisfacción cuando me describen como "un abogado".

El Derecho al que me consagro en cuerpo y alma es la Nomología filosófica, el estudio académico del espíritu y del fundamento de los sistemas normativos como instituciones funcionalmente destinadas a promover y salvaguardar el bien común.

Tal dedicación guarda un estrecha afinidad con la filosofía política republicana que trato de desarrollar y que he expuesto en mi libro ESTUDIOS REPUBLICANOS, 2009.

La filosofía jurídica y política sólo empezó a ser el foco de mis estudios a mediados de los años noventa. Antes me había consagrado a la lógica matemática, la metafísica, la filosofía del lenguaje y, marginalmente, la historia de la filosofía, materias que enseñé en mi desempeño como profesor en la Universidad Pontificia del Ecuador y, posteriormente, en la de León, hasta que en 1987 accedí a la plaza de Investigador Científico en el CSIC.

Cabe subsumir lo producido en aquel período de mi vida (1973-95 aproximadamente) bajo el rótulo de "la ontofántica", un neologismo que acuñé para significar la indagación del ser desde su aparecer en el lenguaje.

El hilo conductor que va de mi precedente temática lógico-metafísica a la actual nomológico-jurídica es la lógica: una lógica contradictorial y gradualista sobre la cual he desarrollado una nueva lógica de las normas, la lógica jurisprudencial (también denominada `lógica juridicial' o `lógica nomológica').

martes, octubre 04, 2011

Asamblea nacional constituyente

Programa electoral: Asamblea nacional constituyente
por Lorenzo Peña

2011-10-04


Faltan 49 días para que se celebren los comicios de donde saldrán los nuevos diputados y senadores.

La reciente enmienda de la constitución, ya sancionada y promulgada por Su Majestad el Rey, significa una ruptura del pacto constitucional. Pacto que el autor de estas páginas no suscribió, puesto que los convocantes del plebiscito del 6 de diciembre de 1978 lo excluyeron del censo electoral --al igual que excluyeron a todos los demás exiliados y emigrantes españoles (salvo la minoría de residentes ausentes).

Pero, aunque fuera --como lo fue-- a punta de pistola (o de cañón), bajo amenaza de golpe de Estado militar, y a título de «éstas son lentejas»; aunque fuera, además, obra de unas cortes bicamerales no democráticas y con un senado de quinto regio; aunque así fuera, la constitución de 1978 tenía que aceptarse como un hecho jurídico consumado, en tanto en cuanto ligaba, mal que bien, a gobernantes y gobernados. A la espera de tiempos más propicios, había que fingir que era legítima.

Tal legitimidad se ha quebrado con una modificación sustancial, que, no sólo socava el Estado del bienestar (ya enclenque y escuálido en el esquema de 1978), sino --lo que es mucho más grave-- suprime la independencia de España, al someter constitucionalmente a nuestra Patria a la supremacía de los órganos de la Unión Europea, la Eurolandia oligocrática.

El verdadero alcance de la reforma es, por consiguiente, el fin de la soberanía nacional --por mucho que ésta persista nominalmente en el texto vigente. Hasta ahora España podía permanecer en la unión europea o salir de ella sin cambiar su constitución. Ahora se han constitucionalizado tanto la pertenencia a la Unión Europea cuanto la subordinación del poder legislativo español a los imperativos de Bruselas.

Es lo peor que ha pasado en la historia de España desde el estatuto de Bayona de 1808, con el cual la constitución modificada de 1978-2011 guarda un parecido en ese punto crucial.

Roto el pacto constitucional; deslegitimado el sistema político; viviendo la población española una catástrofe económica --de la cual son culpables nuestra oligarquía borbónica, la economía de mercado, la supeditación al imperialismo yanqui y la pertenencia a la Eurolandia--; sólo tengo una propuesta que hacer: convocar una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes que, dando por autocancelada la constitución de 1978, asuma, sin límite alguno, la representación de la soberanía nacional, para elaborar una nueva constitución, sin constreñimientos, totalmente abierta, que será sometida a votación popular.

El 20 de noviembre de 2011 daré mi voto a aquella formación que, hipotéticamente, se pronunciaría a favor de esta propuesta si fuera sometida a debate.

En el imaginario supuesto de que tal asamblea se convocara, ya nos las arreglaríamos para presentar nuestros memoriales de agravios y súplicas. Por hoy, ¡baste lo dicho!